La Comisión Europea y su presidenta, Úrsula von der Leyen, han dejado con el pie cambiado al partido popular, como confiesan algunos directivos suyos.
Van por ello, Feijoo y su equipo, intentando justificar lo injustificable, buscando excusas que expliquen su voto en contra a la tramitación y debate en el Congreso, de un gravamen a las energéticas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha llegado a decir que sí están de acuerdo con gravar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas centrando su negativa en la fórmula escogida para hacerlo por parte del gobierno.
Una posición que podría llegar a ser creíble si hubieran votado a favor de este tipo de gravamen durante el debate del estado de la nación, se hubieran abstenido a la proposición de ley y durante la tramitación defendieran mejoras técnicas
Pero sus hechos desmontan sus palabras y excusas. Durante el debate del estado de la nación se posicionaron en contra de la resolución 35.6 para un establecimiento de un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que afectaría a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Una negativa que reafirmaron el martes pasado rechazando la toma en consideración de la propuesta planteada en el pleno del Congreso por los grupos que apoyan al gobierno. Por tanto, Votaron que no a gravar beneficios extraordinarios en el debate del estado de la nación y votaron que no a gravar ingresos extraordinarios en la proposición de ley. Miren como lo miren, da igual la fórmula escogida, los populares actúan en todo momento como abogados defensores de las élites empresariales. Han utilizado los mismos argumentos esgrimidos por las empresas para deslegitimar la proposición de ley e intentar tumbarla. Han votado en contra del propósito último de la iniciativa que no es otra que aquellas empresas que más se están beneficiando de la crisis energética renuncien a parte de sus beneficios en favor de una mayoría perjudicada por la subida de precios energéticos.
Es fácil entender que las empresas y sus directivos defiendan sus dividendos e intereses económicos, pero es indecente que lo hagan representantes públicos en su nombre como han hecho los diputados de la derecha española. Indecente pero no inesperado. Miren como lo miren, la derecha española siempre se sitúa del lado de los que más tienen. Por sus actos los conocemos. El partido popular no apoyó la subida del IRPF para rentas superiores a 300.000 euros, no apoyaron la ley antifraude que prohibía las amnistías fiscales y que ofrecía un mayor control a las SICAV, ni apoyaron el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas.
La Comisión europea ha defendido con claridad establecer un impuesto sobre el sector energético sumándose a la filosofía defendida desde hace tiempo por el gobierno de España y dejando sin defensa alguna la posición popular española mantenida hasta ahora. Dados los plazos ajustados en los que nos movemos parece razonable avanzar con la iniciativa tramitada, estudiando pros y contras de todas las propuestas que se presenten vía enmiendas, y una vez conocidos los detalles de la propuesta europea nos adaptaremos a la misma.
En breve se abrirá el plazo de enmiendas y el partido popular tiene una nueva oportunidad para rectificar y decidir si estar del lado de los que más sufren o continuar del lado de los que salen beneficiados de los que más sufren. Si el partido popular presenta enmienda a la totalidad, negará por tercera vez la necesidad del gravamen y se situará, como siempre, del lado de los que más poder tienen. Miren como lo miren
