La comunidad valenciana está recibiendo, con el presidente Pedro Sánchez, más recursos que nunca. En 2025, las entregas a cuenta aumentan un 61% respecto a 2018, lo que supone un incremento real del 26.7% si se descuenta la inflación acumulada. Nunca antes un gobierno valenciano había dispuesto de tantos fondos.
Conviene recordar que las entregas a cuenta son anticipos de la financiación autonómica que, según las previsiones, corresponde a cada comunidad. Este sistema, aunque necesario, puede generar desajustes de lo adelantado y lo finalmente liquidado. Por eso, la nueva propuesta de financiación singular que estudia el Gobierno, pretende vincular directamente los ingresos del nuevo modelo a la recaudación, lo que supondría una mejora sustancial.
Los valencianos y valencianas seguimos reclamando un nuevo modelo de financiación autonómica, porque el actual presenta carencias. Pero esa legítima reivindicación no debería impedir reconocer el esfuerzo del Gobierno de España para garantizar que los recursos lleguen a tiempo y en forma. La ministra de hacienda, María Jesús Montero, se ha implicado desde el primer momento, con propuestas para reforzar el autogobierno, como desvincular la aprobación de las entregas a cuenta de la aprobación del Presupuesto General del Estado. Una posición que ha mantenido desde que fue consejera de hacienda en Andalucía. En cambio, el partido popular, que debería acompañar esa defensa del interés valenciano, ha preferido otras prioridades.
Por eso sorprende que la consellera Ruth Merino sólo tenga palabras de crítica hacia el gobierno de España y ni un reproche al papel del partido popular, su propio partido, que ha protagonizado bloqueos significativos y perjudiciales para su gobierno autonómico.
- Porque lo que es un “sinsentido” es que el partido popular rechazara en el Congreso los objetivos de déficit que daban a la comunidad valenciana más capacidad de financiación (144 millones adicionales).
- Porque lo que es inexplicable es que también votara en contra de más recursos para la comunidad valenciana, al obstaculizar el Real Decreto Ley 9/2024 (810 millones más).
- Porque es incoherente reclamar un Fla extraordinario mientras rechazan hablar de la condonación de deuda autonómica que pretende corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las CCAA durante la crisis financiera, que para la comunidad valenciana ascendería a 11.210 millones
- Porque se muestra desleal con otras comunidades reclamando más recursos a la vez que perdonan o votan en contra de impuestos a los que más tienen o a los que más contaminan. Han llegado incluso a perdonar la ecotasa a la propietaria de la central nuclear en Cofrentes en la comunidad valenciana.
- Porque en 2025, la Generalitat dispondrá de 1.323 millones de euros más por entregas a cuenta, una liquidación del 2023 de 1999,93 millones de euros. Y, una Capacidad de Endeudamiento ilimitado aprobada por el consejo de ministros y avalada por el Congreso, para hacer frente a la reconstrucción por la Dana.
- Y porque su última crítica la escuchamos justamente tras conocerse que en 2026, la Comunidad Valenciana recibirá cifras históricas en entregas a cuenta y en la liquidación correspondiente a las 2024 gracias a la positiva evolución económica.
Con este escenario, la consellera denuncia que recibimos menos de lo que nos corresponde cuando lo que nos corresponde es lo que indica el modelo de financiación hasta que no se modifique.
Y, ¿qué propone la consellera? ¿la reforma del modelo de financiación?¿está dispuesta a explorar el principio de ordinalidad en el ámbito de financiación autonómica? ¿está dispuesta a hablar de financiación singular también para la comunidad valenciana? ¿cuál es su propuesta?
Recordemos que la reforma del modelo de financiación exige la mayoría absoluta en el Congreso. No basta con que el Gobierno la impulse: hace falta consenso entre comunidades, algo que no existe. Ni lo hubo con Rajoy – que no reformó el sistema por falta de acuerdo_ ni lo hay de momento. Feijóo, como presidente gallego, siempre se opuso a la propuesta valenciana de reforma y, como líder del PP, sigue sin pronunciarse al respecto.
Por tanto, parece evidente que el único objetivo del gobierno valenciano es criticar al gobierno de España sin ofrecer alternativas reales.
Por todo lo dicho, los hechos y los datos desmontan el relato del partido popular. Reivindicar es legítimo pero negar los avances es irresponsable. La financiación ha mejorado como nunca. La política útil exige coherencia: exigir lo que falta, pero también valorar lo que se ha conseguido.
