Firmeza y responsabilidad en tiempos de tensión institucional
De vuelta a casa encuentro el espacio para escribir en un tono más personal. Mi blog es ese lugar donde ordeno ideas tras semanas intensas, donde intento comprender no solo lo que ocurre, sino cómo lo estamos viviendo.
2026 ha comenzado con una intensidad política creciente. Cada semana sube el tono, la descalificación intenta sustituir al argumento y el gesto exagerado eclipsa la palabra razonada. Ayer, en el hemiciclo, tuve la sensación de que se cruzaba un nuevo umbral y de que el Parlamento volvía a perder armonía. He vivido sesiones duras. Probablemente no fue la más tensa en términos individuales, pero sí una de las más preocupantes en términos colectivos. Porque cuando se deteriora el clima, no se resiente solo un debate: se resiente la institución.
Conviene afirmar algo con claridad: hoy nadie está por encima de la ley. Nadie. Y eso es un avance democrático incuestionable. Hubo tiempos en los que el poder actuaba en la sombra. Recordamos lo que significó la llamada “policía patriótica”. Recordamos momentos en los que, ante tragedias o accidentes, las víctimas fueron ignoradas antes que escuchadas. Ese no es el camino actual con un Gobierno como el nuestro y no puede volver. No todos somos iguales.
Hoy el Estado de derecho actúa, investiga y garantiza derechos. Protege a las víctimas y asegura la defensa de los acusados. Ese equilibrio —firmeza con garantías— es el núcleo de una democracia madura.
Pero también debemos reconocer algo con honestidad: el sistema no es infalible. Puede equivocarse. La complejidad de la realidad puede llevar a situaciones en las que inocentes sean señalados o culpables no lo parezcan. Por eso es imprescindible que el Estado de derecho funcione con todas las garantías, que exista el derecho de rectificación y que la verdad pueda abrirse camino. La justicia no consiste solo en sancionar, sino en proteger derechos, corregir errores y asegurar que nadie —absolutamente nadie— sea ni se sienta impune ante la ley.
La diferencia no está en que se investigue. Está en cómo se reacciona políticamente.
Ayer vimos una reacción parlamentaria que no buscaba esclarecer hechos ni proteger a la víctima, sino erosionar al Gobierno. La exigencia de dimisión al ministro Marlaska en la sesión de control fue desproporcionada, partidista e inmotivada. Pese al cese ya efectivo —o renuncia— del director adjunto operativo de la Policía Nacional tras una denuncia por presunta agresión sexual, el Partido Popular acusó al ministro sin pruebas. Según informaciones publicadas, la denuncia no habría sido comunicada al Ministerio en el momento en que se presentó. Y, aun así, en la sesión de control se le acusó directamente, sin preguntarle, sin darle la oportunidad de exponer los hechos. No se buscaba aclarar; se buscaba culpabilizar.
Mi respeto absoluto a la víctima. Siempre. Y una convicción firme: ante una denuncia de esa gravedad, las instituciones deben actuar con prudencia, proteger a la víctima y garantizar que la investigación se desarrolle con todas las garantías. Eso es el Estado de derecho.
Resulta difícil comprender que quienes cuestionan la presunción de inocencia cuando conviene exigieran responsabilidades por hechos que el ministro no cometió y cuya existencia afirmó desconocer, mientras guardan silencio ante situaciones que afectan a los suyos. La coherencia no puede ser selectiva. Lo vimos con el diputado de Ibiza, reclamando dimisiones que no exige dentro de su propia organización. Y también en Móstoles, donde según ha recogido la prensa, una exconcejal ha llevado a los tribunales una denuncia por presunto acoso contra el alcalde del partido popular, sin que se hayan asumido responsabilidades políticas.
La oposición es legítima. La crítica es necesaria. Pero el deterioro deliberado del clima institucional debilita la democracia.
Y hay algo especialmente preocupante: cuando quienes degradan la institución no solo no son corregidos, sino que parecen ser premiados. En democracia, la firmeza no puede confundirse con el insulto, ni la contundencia con la descalificación personal. El exceso verbal, la exageración o el ataque personal no pueden convertirse en credenciales políticas. Sin embargo, a veces parece ocurrir lo contrario. Ese incentivo perverso no fortalece a nadie. Normaliza lo que no debería normalizarse.
En ocasiones anteriores, dirigentes del propio Partido Popular han utilizado metáforas provocadoras para criticar al Gobierno. Antes de ser portavoz nacional, Miguel Tellado llegó a afirmar que el presidente Sánchez “debería irse de este país en un maletero”, una imagen polémica que fue criticada por su carga y su tono. Y pese a ello, fue promocionado. Ayer volvió a ejercer en la sesión de control un papel que, lejos de elevar el debate, contribuyó a su degradación.
Todo ello forma parte de una estrategia reconocible: construir la idea de que España se rompe, imponer un clima de crisis permanente, trasladar al imaginario colectivo una realidad que no se corresponde con los hechos. Se fuerza una sensación de deterioro que no describe al país real.
Mientras tanto, la realidad sigue avanzando.
España creció un 2,8 %, duplicando la media de la zona euro. Hemos bajado del 10 % de paro por primera vez desde 2008. Desde la reforma laboral, hay más de 4,6 millones de personas con contrato indefinido adicionales. La inversión extranjera directa alcanza el 41 % del PIB, superando los 650.000 millones de euros. La inflación se ha moderado y los hogares recuperan poder adquisitivo.
Eso no significa negar los problemas —la vivienda sigue siendo un desafío enorme—, pero sí rechazar el relato del derrumbe permanente. Un reto que exige que comunidades autónomas y ayuntamientos ejerzan sus competencias con eficacia y responsabilidad.
El mismo día, desayunábamos con la noticia del DAO y también con la renuncia de dos consejeros de la presidenta Ayuso, conocidos como “los pocholos”. Y continuaba un capítulo más del escándalo de las viviendas sociales en Alicante, donde funcionarios, cargos públicos y personas vinculadas al entorno del gobierno municipal de Alicante y del president Pérez Llorca se beneficiaron de un sistema que debía estar destinado a quienes más lo necesitan. Un mal ejemplo de política pública en el que fallaron tanto la definición normativa como su ejecución. Actuaron creyéndose impunes; confío en que no lo queden.
Cuando la vivienda social deja de servir a su propósito, se rompe algo más que una norma: se rompe la confianza.
Quizá por todo eso algunos intentaron generar un clima irrespirable, dibujar una España que se desmorona, desviar la atención.
Por concluir:
- Ni impunidad para nadie.
- Ni degradación de las instituciones.
- Ni sustitución de la verdad por la estridencia.
- Firmeza para defender el Estado de derecho.
- Responsabilidad para proteger la democracia.
Porque las democracias no se rompen por el debate intenso, pero sí se erosionan cuando la estridencia sustituye a la verdad.
Porque la democracia no se defiende elevando la voz, sino sosteniendo principios.
Y desde mi responsabilidad pública, seguiré eligiendo firmeza en las convicciones y serenidad en las formas.
