3.09.2026 Hay momentos en los que la política se enfrenta a problemas para los que no existen respuestas fáciles. La inmigración es, sin duda, uno de ellos. Proteger nuestras fronteras y garantizar el cumplimiento de la ley es una obligación del Estado. Hacerlo sin olvidar que al otro lado hay seres humanos es también una obligación de una democracia.
El pleno de hoy sobre lo ocurrido en Ceuta lo ha vuelto a demostrar.
El presidente del Gobierno ha comparecido a petición propia para explicar lo sucedido los días 30 y 31 de julio. Y ha hecho algo que considero importante: diferenciar entre lo que sabemos, lo que todavía desconocemos y lo que debemos hacer para evitar que algo semejante vuelva a suceder.
Porque quedan cuestiones por aclarar.
¿Qué ocurrió exactamente durante las horas centrales del 30 de julio? ¿Por qué la Gendarmería marroquí dejó de controlar durante unas diez horas una frontera que había controlado antes y volvió a controlar después? ¿Hubo incapacidad o inacción? ¿Fallaron algunos mecanismos de información y coordinación?
Son preguntas legítimas. Y deben tener respuesta.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia están investigándolo, hay actuaciones judiciales en marcha y el presidente ha anunciado que se harán públicos los informes existentes.
Transparencia no significa afirmar que todo se hizo bien. Significa investigar qué ocurrió, conocer la verdad, corregir lo que falló y asumir las responsabilidades que correspondan.
Pero también conocemos ya muchos hechos.
Sabemos que los intentos de entrada habían aumentado durante julio, pero ningún informe anticipó una llegada de la magnitud que finalmente se produjo: unas 70.000 personas en cuestión de horas.
Sabemos también que una sentencia del Tribunal Supremo fue tergiversada en las redes sociales hasta convertirla en un mensaje falso: que la frontera estaba abierta y que quien consiguiera entrar a nado no podría ser retornado. El resultado demostró precisamente lo contrario. En menos de 24 horas habían regresado unas 50.000 personas y, 72 horas después, alrededor de 63.000: más del 90 % de quienes habían entrado irregularmente.
Y conocemos también la respuesta que plantea el Gobierno. El presidente ha concretado cinco líneas de actuación para afrontar lo ocurrido y reducir el riesgo de que vuelva a repetirse.
La primera, más seguridad en la frontera: prolongar los espigones del Tarajal y Benzú, establecer un sistema permanente de contención marítima, reforzar la vigilancia exterior, incorporar nuevas cámaras y drones y disponer de más embarcaciones y medios. A ello se suma una mayor implicación europea, con presencia permanente de Frontex y una misión específica de Europol.
La segunda, más capacidad para responder ante episodios migratorios extraordinarios, ampliando las plazas temporales disponibles y agilizando los procedimientos de retorno y traslado, siempre dentro del marco de la ley.
La tercera, más apoyo a Ceuta, a su economía, a sus empresas y trabajadores y a unos servicios públicos sometidos durante estas semanas a una presión extraordinaria.
La cuarta, más Europa en Ceuta y Melilla: reforzar su presencia en las instituciones europeas, avanzar hacia su integración en la Unión Aduanera con un régimen fiscal favorable y solicitar a Bruselas su reconocimiento como regiones ultraperiféricas.
Y la quinta, mantener y reforzar una política migratoria integral: combatir a las mafias que trafican con seres humanos, mejorar las vías de migración regular que necesita también nuestra economía y profundizar en la cooperación con los países de origen y tránsito.
Hay además un dato que tampoco deberíamos ignorar: las entradas irregulares se redujeron en España un 42,6 % en 2025 y, en lo que llevamos de 2026, han vuelto a descender un 9,4 %.
Reforzar nuestras fronteras, por tanto, no es incompatible con defender una política migratoria integral. Es precisamente una parte de ella.
Pero hay otra cuestión que no deberíamos olvidar. El Estado no es solo la Administración General del Estado. También son Estado las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y afrontar un fenómeno de esta dimensión exige corresponsabilidad y cooperación entre todas las administraciones.
El Gobierno de España ha puesto recursos sobre la mesa y ha pedido colaboración. Pero esa responsabilidad no puede terminar en una declaración pública de solidaridad.
Mostrar solidaridad en la calle mientras desde las instituciones que se gobiernan se rechaza colaborar es una contradicción difícil de justificar. La solidaridad, cuando se tienen responsabilidades de gobierno, también se demuestra con hechos: acogiendo, atendiendo, aportando recursos y asumiendo la parte de responsabilidad que corresponde a cada administración.
No podemos exigir al Gobierno de España que resuelva en solitario un problema de esta dimensión y, al mismo tiempo, negarnos a colaborar en su respuesta. No se puede reclamar una política migratoria eficaz y bloquear después los instrumentos necesarios para desarrollarla.
Porque ante un desafío de esta magnitud no basta con preguntarse qué debe hacer el Gobierno de España. También debemos preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer cada uno desde las instituciones que gobernamos.
Y así, desde luego, no avanzamos.
Y aquí llegamos a la cuestión de fondo.
Mientras hoy hablábamos de inmigración en el Congreso, volvíamos a conocer la muerte de personas intentando alcanzar nuestras costas. Personas que se suben a un cayuco o se lanzan al mar porque creen que al otro lado existe una posibilidad de futuro.
Podemos reforzar nuestras fronteras. Debemos hacerlo.
Podemos perseguir a las mafias que trafican con seres humanos. Debemos hacerlo con toda la contundencia del Estado.
Podemos ordenar los flujos migratorios, exigir el cumplimiento de la ley y ejecutar los retornos que correspondan.
Pero hay una realidad que ningún discurso puede hacer desaparecer: la pobreza, la desesperación, la falta de oportunidades y los conflictos son fuerzas que ningún muro puede contener indefinidamente.
Por eso necesitamos política.
Política en origen, política en frontera y política en destino. Seguridad y cooperación. Control y diplomacia. Retornos y vías legales de migración.
Porque los fenómenos complejos no tienen soluciones simples, por mucho que las soluciones simples puedan caber mejor en un titular.
Y precisamente por eso me ha preocupado especialmente el tono de una parte de la oposición durante el pleno de hoy.
Cada vez resulta más difícil distinguir al Partido Popular de Vox cuando hablan de inmigración. En lugar de competir por ofrecer mejores soluciones, parecen competir por elevar el tono.
«La va a pagar».
«Hay que sacarle de la Moncloa como sea».
Son algunas de las expresiones que hemos escuchado.
Acusaciones de traición y deslealtad. Peticiones continuas de dimisión. Aplausos que aumentaban en intensidad cuanto mayor era la descalificación.
Y una sensación preocupante: no parecen buscar explicaciones porque la conclusión estaba decidida antes de empezar la comparecencia.
Aquel «quien pueda hacer, que haga» de José María Aznar resuena inevitablemente. Y vaya si están haciendo. Por tierra, mar y aire.
Quiero ser objetiva, pero cada vez me lo ponen más difícil.
Porque puedo entender la crítica. Puedo entender que se exijan explicaciones, que se investiguen los fallos y que se reclamen responsabilidades si las hubo. Eso es democracia.
Lo que me cuesta aceptar es que una tragedia humana y un problema tan complejo como la inmigración se conviertan en combustible para alimentar el miedo, la confrontación y el odio.
Y frente a cualquier expresión de violencia, ninguna ambigüedad: condena y rechazo absoluto a quienes la ejercen, pero también a quienes la justifican, la alientan o encuentran en ella una oportunidad política. Las palabras importan, especialmente cuando se pronuncian desde una tribuna pública.
Y precisamente por eso echo de menos algo fundamental: alternativas.
Después de seis horas de debate, ¿cuál es la propuesta de la oposición?
¿Cerrar completamente las fronteras? ¿Cómo?
¿Romper la cooperación con los países de origen y tránsito?
¿Renunciar a los retornos acordados con Marruecos?
¿Abandonar la cooperación al desarrollo?
¿Expulsar a cualquier persona que llegue sin comprobar siquiera quién es, si es menor o si tiene derecho a protección internacional?
Porque gobernar, o querer gobernar, consiste precisamente en responder a esas preguntas. No basta con señalar un problema, agitar el miedo o buscar culpables. Hay que explicar cómo se resuelve.
Y hoy el presidente Pedro Sánchez ha dado respuestas. Algunas sobre lo que ya sabemos, otras sobre lo que todavía debe investigarse y, sobre todo, sobre lo que hay que hacer a partir de ahora.
Nuestro portavoz, Patxi López, lo ha resumido en dos palabras que, a mi juicio, deberían orientar cualquier política migratoria democrática:
Legalidad y humanidad.
No son conceptos incompatibles. Tampoco deberíamos permitir que nos obligaran a elegir entre uno y otro.
Porque, como dijo Patxi López,” orden y dignidad humana no son incompatibles.”
“Se puede defender una política migratoria exigente sin convertir al inmigrante en enemigo. Se pueden exigir retornos sin presentar cada llegada como una amenaza. Se puede combatir con toda la fuerza del Estado a las mafias sin deshumanizar a sus víctimas.”
“Y se puede —se debe— proteger una frontera sin olvidar nunca qué estamos protegiendo detrás de ella.”
Legalidad y humanidad.
