El Gobierno oculta en un discurso ambiguo si habrá peaje en la AP-7

por | Mar 20, 2018 | Mi Blog

El Ejecutivo plantea que la autopista siga siendo de pago cuando caduque la concesión al final del año 2019

Antonio Teruel 20.03.2018 | 18:04

Aglomeración de vehículos en un peaje en una de las dos salidas de la AP-7 en Benidorm.

 El PSOE lamenta que ni siquiera se contemplen fórmulas para evitar las travesías de la N-332.
 El Gobierno está abierto a bonificar el peaje de la AP-7 si la Generalitat asume parte del coste, pero a corto plazo no está previsto liberalizar ningún tramo de la autopista salvo que se dé alguna situación excepcional. Así lo ha indicado en una respuesta parlamentaria a los diputados del PSOE en el Congreso por las tres provincias de la Comunidad, entre ellos los alicantinos Herick Campos y Patricia Blanquer, fechada el pasado 23 de febrero. En ella, además, vuelve a señalar de manera implícita que la vía seguirá siendo de pago en el futuro.

Los diputados socialistas por Alicante, Valencia y Castellón habían preguntado al Gobierno si ha previsto prorrogar la concesión de la AP-7 y, en caso negativo, qué tipo de gestión contempla. Además, querían saber si se había respondido a las peticiones de la Generalitat para «establecer un calendario de adecuación de la AP-7 a autovía libre de peaje», y si antes del final de la concesión se prevé liberalizar algún tramo. La respuesta a esta última cuestión es una negativa tajante, excepto que «alguna circunstancia no prevista lo exija». También se reafirma que no se prorrogará la concesión, que vence el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, parece que el peaje no sólo seguirá sino que ni siquiera se rebajará, a no ser que medie dinero de la Generalitat.

Y es que, en su respuesta a los parlamentarios socialistas, el Ejecutivo dice que «el Ministerio de Fomento está abierto a negociar la implementación de medidas de bonificación de peaje con la colaboración de las comunidades autónomas», como ya se hace en otros territorios. Ésa es la solución que, por ejemplo, se puso en marcha el pasado 1 de diciembre en la AP-68 a su paso por La Rioja, gracias a la contribución económica del gobierno regional. Desde entonces, los camiones en tránsito tienen prohibido circular por la carretera N-232, que discurre en paralelo a la autopista.

 Así, a tenor de lo que dice el Gobierno, podría adoptarse una solución similar en la Comunidad Valenciana con las carreteras N-332 y N-340, si la Generalitat compensara el coste del peaje de los camiones que se verían obligados a circular por la AP-7. Pero mientras tanto ni siquiera se plantean soluciones provisionales para poder eludir las conflictivas travesías de la N-332, sobre todo las de Altea y Oliva -por las cuales preguntaban los parlamentarios de manera específica-, que lastran las comunicaciones internas en las comarcas de la Marina Baixa, la Marina Alta y la Safor, así como en la conexión del norte de Alicante y el sur de Valencia con las dos capitales de provincia.

Acerca de la continuidad del peaje a partir del 1 de enero de 2020, el Gobierno vuelve a pronunciarse con la vaguedad expresada ya entre otros por el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sin decir de manera explícita que habrá que seguir pagando pero dejándolo ver. En concreto, el Ejecutivo señala que cuando caduque la concesión el Estado «decidirá la forma de explotación de la autopista». Los diputados socialistas pedían información concreta acerca de si la explotación privada se sustituiría por otra concesión, si volvería a sacarse a concurso y si habría algún canon.