La ley del embudo del Partido Popular

La tramitación legislativa en el congreso se ha ido complicando con la fragmentación parlamentaria. Cada grupo quiere
tener su impronta en la ley y aunque es legítimo este desiderátum, el encaje en algunas normas no resulta fácil.
Lo razonable sería que las enmiendas incorporadas fueran exclusivamente las relacionadas con el texto de partida pero
desde hace algún tiempo se han incorporado a los proyectos de ley, aspectos que nada tienen que ver con el contenido
inicial. Una práctica dejada a la excepcionalidad en tiempos de antaño y que ahora se ha convertido en un arma arrojadiza
contra un gobierno que tiene que ganarse en cada votación las mayorías.
El artículo 134.6 es claro en su contenido “Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o
disminución de ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. De esta manera, la
constitución española ampara al gobierno para solicitar al parlamento los vetos que considere oportunos. En tal caso, la
mesa de la cámara correspondiente debiera aceptarlos si estos están plenamente justificados.
Los vetos no es un invento de este gobierno, todos los gobiernos los han hecho cuando ha habido riesgo de ser aprobadas
enmiendas que podían suponer un quebranto importante a las arcas públicas.
Y ese ha sido el origen del último desencuentro entre Senado y Congreso.
El gobierno en la tramitación de la ley de desperdicio alimentario mostró su disconformidad a tres enmiendas que suponían
un quebranto económico cuantificado de más de 1000 millones de euros. Enmiendas presentadas por distintos grupos
políticos cuyo veto del gobierno al ser rechazado por la mesa del senado siguieron vivas y trasladadas al congreso
para su aprobación definitiva.
Llegadas las enmiendas al congreso, el gobierno volvió a presentar su disconformidad a las enmiendas con el
correspondiente veto y la mesa del congreso lo aceptó.
Una aceptación que no fue del agrado de los grupos proponentes y ahí empezaron las tensiones. El partido popular en la
junta de portavoces del martes solicitó la reconsideración de los vetos aprobados y acusó al gobierno y al congreso de
acometer una tropelía, cuando en realidad, el atropello al artículo 134.6 lo había acometido la Cámara Alta. Para el partido
popular la mayoría de la mesa del senado siempre le parece con mayor autoridad que la del congreso y como mínimo, tiene la misma.
Los grupos y el gobierno manifestaron sus posiciones y sin más problemas se aprobó el orden del día con el que la sesión
plenaria empezaría a la hora prevista y con el contenido correspondiente.
Supongo que el hecho de que las enmiendas presentadas por Junts y ERC afectaran a importantes sectores económicos
catalanes les llevó a solicitar el miércoles por la tarde la reconsideración del acuerdo adoptado por la mesa del congreso,
solicitando que se pospusiera el punto de la ley de desperdicio alimentario hasta la reconsideración del veto.
Es evidente, que algo tuvo que pasar a lo largo del martes y del miércoles. ¿Presiones políticas o económicas? ¿O mero
tacticismo partidista? La presidenta del congreso había solicitado ausentarse por motivos sobrevenidos y es posible que
vieran la oportunidad de hacer caer el veto si se convocaba de nuevo la mesa.
La cuestión es que la mesa ya se había posicionado y manifestado su voluntad, ¿qué sentido tenía volver a pronunciarse
sobre lo mismo si las circunstancias del asunto en cuestión no habían cambiado?.
Al solicitar un cambio en el orden del día, el vicepresidente, valoró acertadamente, a mi entender, la convocatoria de una
nueva junta de portavoces en la mañana del jueves y antes que se procediera al debate de las enmiendas en
cuestionamiento.
Es habitual, que un cambio del orden del día requiera unanimidad de la junta de portavoces. Así es y así ha sido siempre.
Situaciones de estas ha habido muchas. Por ejemplo, la más reciente fue cuando el partido popular impidió modificar el
orden del día en lo que se refería a la comparecencia del ministro albares. Impidió al no contar con la unanimidad de la
junta que el gobierno acumulara a este punto una comparecencia a petición propia registrada para explicar la situación
internacional.
En este caso, había grupos que querían modificar el orden del día pero no lo consiguieron al no contar con la unanimidad
requerida. Así que, haciendo uso de la ley del embudo, el partido mayoritario en la oposición le pareció mal que
aplicáramos la misma norma que había utilizado su grupo para impedir la modificación del orden del día hacía a penas una
semana, y, sin vergüenza alguna, intentaron convertir el hemiciclo nuevamente en un circo romano. Lamentable!!