- 4.06.2025 Esta mañana, EAPN (European Anti Poverty Network) ha presentado en el Congreso de los Diputados su 15º Informe sobre el Estado de la Pobreza y seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030
Aunque no he podido estar físicamente en la jornada de presentación, he seguido las intervenciones atentamente por streaming, y los datos que recoge el estudio son relevantes. Como reconocía una de sus portavoces, son los mejores datos de los últimos años. Unos datos que evidencian la influencia del Estado en la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad y que me han animado a hacer esta reflexión en mi diario del blog.
Nadie debería estar condenado a la pobreza. Ninguna sociedad justa, avanzada y plenamente democrática puede permitirse que haya personas viviendo en situaciones de pobreza severa. La política es imprescindible para erradicarla. Conseguirlo puede parecer un desiderátum casi imposible, pero los datos del informe nos dan motivos para la esperanza.
“El 19,7 % de la población española, es decir, cerca de 9,6 millones de personas, está en riesgo de pobreza. Respecto a 2023, hay aproximadamente 200.000 personas menos en esta situación. Con una reducción anual de medio punto, la cifra de 2024 es la más baja de la serie histórica analizada y se sitúa por primera vez en niveles similares a los anteriores a la Gran Recesión.”
El gráfico refleja con claridad el progreso alcanzado: la tasa de pobreza en España en 2024 (19,7 %) es la más baja desde 2008, incluso inferior a los niveles previos a la Gran Recesión. Una tendencia que no es fruto del azar, sino del impacto directo de las políticas públicas implementadas en los últimos años.
Sin embargo, no todo son buenas noticias. La tasa de pobreza infantil en España sigue sin mejorar significativamente y, según los últimos datos comparativos europeos, es una de las más altas de la Unión Europea. Esta realidad debería interpelarnos con más fuerza aún: un país que permite que más de uno de cada cuatro niños viva en riesgo de pobreza no puede considerar que ha cumplido. Avanzamos, sí, pero no podemos sacar pecho mientras persistan desigualdades tan graves y estructurales. La infancia debe ser una prioridad política absoluta.
Detrás de cada cifra hay un drama personal. No se trata de caer en el triunfalismo, pero sí de reafirmarnos en una política activa. El gobierno liderado por Pedro Sánchez ha logrado, a lo largo de siete años, que España crezca más que otras economías avanzadas, genere más empleo, reduzca la desigualdad y alcance los niveles más bajos de riesgo de pobreza desde que hay registros. Las políticas de protección de rentas han dado fruto: la revalorización de las pensiones según el IPC, la protección del empleo con los ERTE ante las crisis, una tasa de cobertura del desempleo 20 puntos superior a la de hace una década, y la implantación y actualización del Ingreso Mínimo Vital son ejemplos claros.
“Según el informe, el Estado del bienestar evitó que 11,1 millones de personas entrasen en situación de pobreza en 2024. Sin las transferencias del Estado, incluidas las pensiones, la tasa de pobreza sería más del doble —subiría del 19,7 % al 42,6 %—, y 2,6 millones de personas más estarían en situación de pobreza severa.”
Es cierto que aún estamos lejos de los niveles deseables y de los objetivos de la Agenda 2030, pero avanzamos. Hay mucho margen de mejora en todas las administraciones. Los altos precios de la vivienda, las dificultades de muchas familias monoparentales y de personas con discapacidad severa evidencian la necesidad de seguir actuando.
El crecimiento económico por sí solo no basta: hace falta aplicar políticas públicas. Es necesario crecer para redistribuir, y redistribuir para seguir creciendo. Ese ha sido el acierto del gobierno progresista.
No todas las administraciones están gobernadas por partidos del mismo signo político. Por eso, es esencial aplicar políticas estructurales coordinadas, que se mantengan en el tiempo. El Ministerio de Vivienda está haciendo todo lo posible para influir en la bajada de precios; la Ley de Vivienda ha sido un avance. Pero mientras los gobiernos autonómicos no la reconozcan ni adopten medidas, será difícil ver resultados en el corto plazo.
Muchas competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Estas no pueden desentenderse, no se puede exigir mayor financiación al Estado y, al mismo tiempo, aplicar una competencia fiscal a la baja. Según el último informe de la AIReF, las medidas fiscales adoptadas o previstas por las comunidades autónomas reducirán sus ingresos en 1.409 millones de euros entre 2024 y 2029. El mayor impacto procede de la rebaja del tramo autonómico del IRPF (–1.815 millones), con Madrid a la cabeza (–633 millones), seguida por la Comunitat Valenciana (–497 millones) y Andalucía (–33 millones netos).
Estas decisiones, lejos de compensarse con mayor dinamismo económico, suponen una merma estructural de ingresos que limita la capacidad de las administraciones para sostener servicios públicos y políticas redistributivas, que podrían contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad. Especialmente, la pobreza infantil. La educación, las políticas sociales dependen de las autonomías. ¿Qué están haciendo para detectar y reducir los niveles altos de pobreza infantil?
Necesitamos contar con una política fiscal más progresiva en todo el territorio comprometida con un Estado social fortalecido y cohesionado.
Hoy, las televisiones probablemente no abrirán sus informativos con la reducción de la tasa de riesgo de pobreza a nivel estatal. Desgraciadamente, el foco mediático sigue centrado más en deteriorar la imagen de la política que en dar visibilidad a la política útil, a contrastar políticas sociales, fiscales y económicas.
