En primer lugar, quiero dejar constancia de nuestro voto favorable a que se establezcan cuantas medidas sean necesarias para resarcir a los efectivamente perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia y a los engañados mediante participaciones preferentes, porque desde luego es una cuestión de justicia.
Hemos presentado enmienda a la moción para pedir que todas las entidades financieras que hayan recibido dinero público para su saneamiento lo devuelvan íntegramente en un plazo razonable. La gestión de Bankia y de otras entidades de crédito ha supuesto un enorme coste a los contribuyentes españoles que se cifra en más de 70.000 millones de euros, y si no se devuelve el dinero prestado los perjudicados somos todos. No fijamos un plazo en nuestra enmienda, pero es imprescindible que se devuelvan a la Hacienda pública los recursos públicos prestados, que sea el propio sector financiero el que asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización, aparte de que no sean los contribuyentes quienes asuman estos costes. No puede ser que se privaticen los beneficios y se socialicen las pérdidas. Asimismo, la gestión de estas entidades financieras ha ocasionado que mucha gente humilde y trabajadora o pensionistas hayan perdido todos los ahorros de su vida, y esto es inadmisible e indecente. Por eso es imprescindible dar una solución satisfactoria para todos los preferentistas engañados, aunque de momento no se ha conseguido. Según datos acumulados para las entidades del FROB, a solo un 56 % de los minoristas se les ha devuelto uno de cada tres euros; el resto de minoristas han sido obligados a canjear su dinero por acciones. Por tanto, la solución de arbitraje prevista ha sido insuficiente y ha concluido como una mera operación de maquillaje.
Además, las informaciones que han puesto de manifiesto la desastrosa gestión de Bankia, con abusos y desmanes tan graves como las tarjetas black, con informes que han revelado graves irregularidades contables, hacen imprescindible que se deban esclarecer hasta las últimas consecuencias todo lo ocurrido durante el proceso de nacionalización y saneamiento del grupo financiero BFA-Bankia. Así pues, con independencia del procedimiento judicial abierto, también ha de crearse una comisión de investigación en la que comparezcan todos los responsables de este proceso y las autoridades de gobierno de la entidad y de los órganos supervisores. Ha de conocerse el grado de responsabilidad de los gestores de estas entidades, así como evaluar todos los abusos que se hayan podido cometer en las políticas de riesgo crediticio. Es una comisión que ya solicitamos en 2012 y en la necesidad de cuya creación hemos ido insistiendo conforme hemos tenido conocimiento de nuevas informaciones sobre la nefasta gestión de Bankia; pero en reiteradas ocasiones la creación de esta comisión ha sido rechazada por el Grupo Popular, utilizando su mayoría absoluta e impidiendo así que se aporte luz y taquígrafos, transparencia al proceso y se asuman las oportunas responsabilidades políticas. ¿Por qué no se quiere transparencia en el proceso? ¿Qué teme? ¿Acaso es que cuanta más información se tiene más se evidencian los desatinos y los desmanes que destacados dirigentes del Partido Popular han hecho al frente de las distintas entidades? Porque, si no, desde luego no se entiende que no permitan la creación de esa comisión. Es más, no podemos obviar que Bankia se constituyó a partir de la integración de siete cajas de ahorro entre las que destacaban Bancaja y Caja Madrid, dos entidades directamente tuteladas por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que hicieron bandera del modelo de la especulación y de la construcción, acumulando activos de muy mala calidad al otorgar créditos bajo criterios más bien subjetivos, y que además fueron las causantes del origen del agujero que provocó un rescate financiero y el condicionamiento de la política económica de este país durante años. Por supuesto que el Banco de España debería haber sido más estricto en la supervisión, pero tampoco podemos negar que la responsabilidad de la tutela recaía en las comunidades autónomas, que eran los directamente encargados de velar por el correcto funcionamiento de las cajas. Señorías, el problema no ha sido el sistema de cajas de ahorro en sí, sino su gobernanza y su gestión. Tanto en la Comunidad de Madrid como en la valenciana, el Partido Popular creó su propia legislación para evitar controles democráticos en el seno de las cajas y hacer nombramientos unilateralmente. Esto ha quedado más que evidente estos días, al conocer que directivos, como José Luis Oliva, presidente de Bancaja, hicieran uso de la caja de una manera absolutamente patrimonializada, lo que ha quedado en evidencia por las graves irregularidades detectadas por el FROB.
En definitiva, señorías, para terminar y con todo lo expuesto, es evidente que la transparencia no solo es una necesidad para la credibilidad del sistema financiero, sino una exigencia de higiene democrática por el propio dinero que hemos tenido que aportar todos los contribuyentes. Desde la política debemos actuar para que queden al descubierto los gestores que hayan tenido actuaciones inmorales y despreciables, sin que puedan quedar impunes, para que se devuelva todo euro público que haya sido destinado a un uso ajeno a su función y para que se resarza a los ciudadanos perjudicados.
