“El partido popular SIEMPRE ha dado espalda a los ayuntamientos, ¿por qué no lo iba a volver a hacer ahora?”.
El partido popular siempre busca alguna excusa para votar en contra de las iniciativas del gobierno. Pero cuando se trata de financiar a los ayuntamientos no hay excusa que puedan encontrar. Lo que llevamos de legislatura han demostrado en cuatro ocasiones, dar la espalda a los ayuntamientos y demostrar así, tener compromiso cero con las administraciones más próximas a la ciudadanía. Esta semana, en el senado, lo volverán a hacer, tendrán una quinta oportunidad, pero seguro, no defraudarán a sus acólitos y votarán nuevamente en contra de la senda de estabilidad.
Como demostró Montoro, los municipios sólo les importan en términos de poder y no en términos de mejor prestación de servicios a la ciudadanía. Cuando gobernaron pretendieron convertirlas en meras unidades administrativas y en arma de chantaje. Anteponen siempre su interés partidista al interés general y ahora, con más fuerza, muestran una obsesión enfermiza de derrotar al gobierno, aunque con ello, sus gobiernos municipales queden perjudicados.
Algunos suelen decir que todos los partidos somos iguales y que cuesta encontrar diferencias. Les aseguro que haberlas, las hay. Y, en esta breve reflexión, me gustaría plasmar algunas diferencias significativas en torno al compromiso expresado por Montoro y Montero. Diferencias entre gobierno de España presidido por el partido popular y por el partido socialista en la última década.
En 100 días de gobierno, los ministerios de hacienda y de política territorial han impulsado varias iniciativas que garantizan, a las entidades locales, mayores recursos del sistema de financiación para el 2024, y, todas ellas, han encontrado la negativa del partido popular.
En otros tiempos, ante la prórroga de los presupuestos, Montoro condicionaba la actualización de la financiación local y autonómica a la presentación y aprobación de los presupuestos. Utilizaba la financiación como instrumento de chantaje y presión a los grupos políticos para que se aprobaran los presupuestos generales del Estado.
A diferencia de Montoro, María Jesús Montero incluyó en el real decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre los preceptos necesarios para la mejor aplicación de los modelos de participación de las entidades locales en tributos del Estado en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Y, el partido popular, votó en contra de su convalidación haciendo peligrar la mejor financiación de los ayuntamientos.
A finales de diciembre, conocíamos de la mano de la vicepresidenta primera y ministra de hacienda, María Jesús Montero, la previsión de un aumento de recursos del sistema de financiación de un 22,6% con respecto a 2023 para las entidades locales. Por un lado, la previsión de un incremento del 5.1% de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado para el conjunto de entidades locales respecto a las entregas de 2023. Y, por otro lado, la posibilidad de flexibilizar su objetivo de estabilidad, pasando de exigirles el superávit del 0.2% contemplado en el plan presupuestario a permitirles equilibrio presupuestario. Una posibilidad que les otorga mayor margen de gasto e inversión con los que atender mejor los servicios municipales dirigidos a la ciudadanía.
Demostrado queda que el partido popular asfixia a los ayuntamientos, Montero les da oxígeno.
El partido popular con Montoro llegó a congelar la financiación comprometida de la liquidación correspondiente de ejercicios anteriores como consecuencia de la prórroga de presupuestos.
Sin embargo, Montero, ante la prórroga de los presupuestos, cumple con los compromisos adquiridos. Ha incluido en la disposición adicional séptima del real decreto ley 8/2023, la financiación comprometida de una dotación extraordinaria para 2024 destinada a las entidades locales por los saldos globales negativos de las liquidaciones de la participación en tributos del Estado relativas al ejercicio 2020 por el importe que quede pendiente de reintegrar a 1 de enero de 2024. Una medida que también ha votado en contra el partido popular.
Posiblemente, exigirán lo que ellos nunca serían capaces de cumplir si estuvieran en el gobierno. Prometen lo que no pueden cumplir. La cláusula de salvaguardia activada con motivo de la situación excepcional vivida estos últimos años ya está desactivada y la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera está vigente en todos sus términos. Hasta que no entren en vigor la reforma de las reglas fiscales consensuada en Europa, las administraciones deberán cumplir con la ley vigente.
Que el partido popular impida la aprobación de la senda de estabilidad en el senado no va en contra del gobierno de España, va en contra de España, de sus comunidades autónomas, de sus municipios. En definitiva, va en contra de la ciudadanía.
