¿qué sentido tiene que el partido que sustenta al Gobierno nos presente una proposición no de ley para pedirle al Gobierno algo que ya está haciendo? Ninguno. El impulso de la facturación electrónica en el sector público es un desiderátum compartido por una amplia mayoría de los miembros de esta Cámara que viene recogido en un proyecto de ley cuya tramitación en el Congreso ha finalizado y ahora está tramitándose en el Senado. Precisamente hoy termina el plazo de presentación de enmiendas en la Cámara Alta. Es más, el tema no es nuevo. De hecho, el Gobierno no ha partido de cero para legislar sobre este asunto, pues en este proyecto de ley se recogen las conclusiones del grupo de trabajo sobre arquitectura para la facturación electrónica en la Administración General del Estado de 2009, así como las aportaciones del Foro nacional multilateral sobre facturación electrónica, fruto del acuerdo del Consejo de Ministros del 19 de agosto de 2011 del Gobierno socialista, en el que ya se acordó fomentar el uso de la factura electrónica y el punto general de entrada de facturas electrónicas para la Administración General del Estado.
Así, el Gobierno recogió el testigo y ha tramitado un proyecto de ley, pero, en sus ansias centralizadoras, no obliga solo a la Administración en el ámbito estatal, sino que también obliga de manera atropellada a ayuntamientos y comunidades autónomas sin un trabajo previo de coordinación. Las obliga a contar con un punto único de entrada de facturas electrónicas y a la creación de un registro contable, pero no ha solicitado información de la Federación Española de Municipios y Provincias ni informe de la Comisión Nacional del Comité Sectorial de la Administración Electrónica, información que puede no ser preceptiva pero que resulta imprescindible para asegurar la viabilidad de las medidas propuestas con la finalidad de impulsar la facturación electrónica en todas las administraciones y garantizando la interoperabilidad de los sistemas.
Es evidente que el Gobierno legisla de espaldas a todos. ¿Quizá también de espaldas al grupo que sustenta al Gobierno? Además, ha establecido la posibilidad de no obligar a la facturación electrónica de las facturas que tengan un importe inferior a 5.000 euros. Por cierto, en los ayuntamientos, el 95 % de sus facturas son inferiores a este importe. Por tanto, ¿qué sentido tiene este límite? ¿Por qué este y no otro o ninguno? ¿Por qué pretenden hoy dar la imagen de que se va a obligar a todas las administraciones a que los pagos a proveedores sean en formato electrónico cuando realmente no lo están legislando así?
También deja la posibilidad de que en el ámbito estatal, autonómico y en los municipios de Madrid y Barcelona no se inscriban en el registro contable las facturas inferiores a 5.000 euros, aspecto que insistimos que no compartimos, pues entendemos que la no anotación es sinónimo de no existencia, con lo que estaríamos permitiendo un control parcial y no íntegro de las deudas contraídas. Asimismo esta limitación podría propiciar fraccionamientos innecesarios de las facturas, que contribuirían de manera negativa a la consecución de los fines de esta ley. Creemos que tiene que registrarse hasta el último céntimo de deuda contraída en todas las administraciones sin excepción. Por tanto, lo que tienen que hacer es modificar el proyecto de ley en este sentido y tener en cuenta a las administraciones implicadas para que se pueda alcanzar el objetivo compartido con éxito.
Por mucho que se empeñen, de ninguna manera se entiende la presentación de esta proposición y menos que nos digan que es coherente. ¿Puede ser que no se hayan enterado de su tramitación legislativa del mismo modo que no se han enterado los ayuntamientos y las comunidades? ¿O bien lo que sucede es que utilizan al Congreso como instrumento propagandístico con la intención de conseguir un titular que no consiguen con la tramitación del proyecto de ley? En cualquier caso, resulta una forma de proceder muy indigna y muy poco respetuosa en los momentos que están viviendo los ciudadanos de nuestro país.
Señorías del Partido Popular, les exigimos menos deleite, menos muestras de satisfacción irreverente y más respuestas a un país con casi 6 millones de parados, un país que con las reformas del Gobierno del Partido Popular cuenta con mucha más precariedad, desigualdad y pobreza. Por cierto, señora Sánchez, muchas de las empresas cerraron por un problema de crédito, porque la reforma que hizo el Gobierno no consiguió que las empresas accedieran al crédito. Con este escenario no pidan al Gobierno lo que ya está haciendo; pídanle lo que no está haciendo, que les aseguro que es mucho. Como mínimo pídanle mayor diálogo, concierto y participación y menos recortes injustos. Exíjanle al Gobierno una salida digna de la crisis para los ciudadanos de este país. No nos hablen, como hacen reiteradamente, de facturas en cajones y de herencias de las que ustedes forman parte. En 2011 las desviaciones de déficit fueron provocadas principalmente por comunidades gobernadas por el Partido Popular y, es más, habrán conseguido en tres años incrementar la deuda pública en más de 300.000 millones de euros. Así que dejen ya de repetir una circunstancia de la que ustedes no están ajenos de responsabilidad y que tiene un trasfondo que no han conseguido resolver: el problema de la financiación local y autonómica para atender las necesidades básicas de los ciudadanos y el crédito a las empresas. Resuelvan el verdadero problema que tiene este país, a lo que se comprometieron cuando ganaron las elecciones prometiendo lo que no hacen. No pretendan dar lecciones de rigurosidad y de buen hacer, porque no están en condiciones de ello.