Intervención en la Comisión de Industria, Energía y Turismo el 02/06/2015
BLANQUER , señorías, hoy procedemos al debate y a la aprobación con competencia legislativa plena del proyecto de ley de patentes, un proyecto de ley al que el Grupo Socialista no presentó enmienda a la totalidad, pero sí enmiendas al articulado, con el interés de mejorarlo. Una posición que se fundamenta por varios motivos. En primer lugar, porque compartimos el objetivo último recogido en su exposición de motivos de la actualización de la legislación de la propiedad industrial a la normativa europea y su adaptación a las nuevas necesidades. En segundo lugar, porque compartimos la finalidad de fortalecer un marco legal que permita simplificar, agilizar y facilitar la obtención rápida de títulos de protección sólidos, así como reforzar la seguridad jurídica de los principales usuarios del sistema. Finalidad compartida que da continuidad al camino que se inició en la anterior legislatura por parte del Gobierno socialista con la aprobación del Plan de promoción de la propiedad industrial 2010-2012, realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas y queremos ponerlo en valor, dado el importante trabajo realizado de análisis y concreción de medidas para fortalecer el sistema de propiedad industrial en España. De hecho, algunas de las cuestiones incluidas en el proyecto de ley ya fueron planteadas en dicho plan, como puede ser, entre otras, la simplificación de algunos trámites, el impulso de la tramitación electrónica de los procedimientos, así como la reducción de costes de solicitud para las pymes. (El señor vicepresidente, Flores Lanuza, ocupa la Presidencia). En tercer lugar, porque para los socialistas la gestión de la propiedad industrial es fundamental para nuestro país, ya que contribuye a incrementar los beneficios de la innovación, jugando un papel relevante desde un punto de vista económico, social y medioambiental. Económico porque se constituye como factor clave para ganar cuotas de mercado, tanto a nivel nacional como internacional; social porque garantiza un equilibrio entre el beneficio privado de la empresa innovadora y el beneficio social, ya que las patentes son fuente de información tecnológica y aseguran la transmisión del conocimiento a diferencia del sector industrial; y medioambiental porque las patentes constituyen un elemento clave de desarrollo técnico y la transferencia de tecnología que permita un futuro más respetuoso con el medio ambiente.
Bajo estas premisas, los socialistas hemos adoptado una posición de diálogo con respecto a este proyecto de ley, que no ha sido correspondida como hubiésemos deseado. Nos congratulamos de haber sido el grupo que solicitó la celebración de comparecencias de expertos y, por tanto, el grupo que ha impulsado la celebración de las mismas en el seno de la Comisión de Industria. Queremos agradecer a los comparecientes que asistieron sus aportaciones y consideraciones, así como su predisposición a resolver dudas en cualquier momento. También queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a los expertos que los socialistas invitamos a participar, pero que finalmente no comparecieron por las limitaciones que impuso el grupo parlamentario mayoritario. Con la excusa de falta de tiempo, impidieron la participación de algunos expertos de reconocido prestigio que hubieran sido de gran interés para esta Comisión, enriqueciendo el debate. Hay que tener en cuenta que este proyecto de ley abre la puerta a nuevos replanteamientos que deben ser analizados con extrema cautela para no desentonar la perfecta sintonía que debe armonizar el sistema. No podemos olvidar que se trata de una ley muy técnica y compleja que afecta a aspectos muy variados. Estoy convencida de que con un Gobierno socialista se hubiera permitido un mayor abanico de comparecencias que diera cobertura a los distintos sectores y ámbitos a los que afecta esta ley e incluso se hubieran aceptado algunas de las aportaciones manifestadas que pueden mejorar cualitativamente la ley. En definitiva, la falta de tiempo se ha demostrado una mala excusa, pues cerraron el plazo para presentar enmiendas en el mes de marzo y no ha sido hasta ahora cuando se ha retomado la tramitación de la ley. Un tiempo que tampoco ha sido aprovechado para profundizar, para dialogar con todos los grupos políticos y conciliar propuestas y posturas. Quiero dejar constancia del malestar del Grupo Socialista por que nos hayan entregado a última hora, un minuto antes de empezar la Comisión, las transaccionales a determinadas enmiendas. Desde que en el mes de marzo finalizó el plazo de enmiendas creo que ha habido tiempo suficiente para, como bien decía, poder dialogar y profundizar en algunos aspectos de la ley. Quiero manifestar nuestro malestar porque, si bien es cierto que el Gobierno, ante el batacazo electoral, había anunciado más diálogo con la oposición, a la vista de la realidad parece que su voluntad ha quedado en mera apariencia. No se han respetado ni siquiera las formas y consecuentemente el Gobierno ha perdido la oportunidad de aprobar una ley con un amplio respaldo político.
A continuación entraré a explicar las enmiendas que hemos presentado los socialistas, dirigidas a que la propiedad industrial sea un medio eficiente de impulso a la innovación. ¿Qué pretendemos con ellas? Dar un salto cualitativo con respecto a la consecución de los derechos laborales de los inventores, así como garantizar la difusión y la democratización de la innovación. Las agruparé en cinco bloques. El primer bloque es el relativo a los derechos laborales de los inventores. Destacamos la enmienda número 52, a través de la cual pretendemos incorporar un derecho no reconocido en la legislación vigente pero que sí lo está en otros países de nuestro entorno; un derecho que puede contribuir a evitar la fuga de talentos así como a dar un incentivo positivo a la actividad investigadora. De esta forma, proponemos la modificación del artículo 15, incorporando el derecho a una remuneración suplementaria para el trabajador autor de una invención que genere beneficios a la empresa debidos a su venta o explotación y que deberá estipularse en el contrato de trabajo o convenio colectivo aplicable. En coherencia con esta modificación, en la enmienda 55 proponemos que una vez aprobado que la invención se realizó en el marco de una realización laboral ya extinta, empresario y trabajador puedan conservar los mismos beneficios y cargas que les concede la ley. A través de la enmienda 54, el Grupo Socialista propone volver a la redacción de la vigente ley en cuanto a la titularidad de la invención objeto de la propiedad industrial durante el año siguiente a la extinción del puesto de trabajo, ya que el proyecto de ley lo modifica beneficiando fundamentalmente al empleador, dejando la carga de la prueba a la parte más débil de la relación contractual. Con las enmiendas 53 y 56 proponemos los mismos plazos de comunicación para empleador y empleado, pues consideramos que los plazos propuestos están desequilibrados. Se da un mes de plazo de comunicación para el trabajador y tres meses para el empresario. Nosotros proponemos el mismo plazo para ambos.
Segundo bloque. Con la enmienda 57 proponemos la eliminación de la figura del secreto industrial incorporada en el apartado 3 del artículo 21. La figura del secreto industrial parece poco adecuada para su aplicación al personal docente e investigador de las universidades públicas y entes públicos de investigación, a los que la propia Constitución, en su artículo 20, les concede un derecho de divulgación sobre los resultados de sus investigaciones. Si lo que se pretende es evitar la publicación y difusión de la materia objeto de patentabilidad, parece suficiente la prohibición que el proyecto de ley establece a continuación en el mismo apartado del artículo.
El tercer bloque se fundamenta en la defensa de la no patentabilidad del software. La enmienda 49 es de adición a la exposición de motivos y con la 50 se pretende modificar el artículo 4, apartado 5, proponiendo volver a la redacción vigente de la ley, ya que la redacción incorporada al proyecto de ley induce a confusión sobre la posibilidad de patentar el software. Defendemos que el software es un conjunto de métodos matemáticos aplicados a una representación de datos o estados, y como las matemáticas son una extracción de la realidad, estas no se inventan, se descubren o se aplican, por lo que pertenecen al ámbito de la protección otorgada por la propiedad intelectual y no al de la propiedad industrial al no ser una invención. Además, cualquier aplicación contiene muchas pequeñas técnicas y prácticas que de patentarse impondrían un lastre al desarrollo y comercialización de los programas de ordenador por el coste de comprobar si cada detalle de lo que se hace está dentro de la protección de una patente o no. Al ser la informática matemática aplicada una misma técnica, puede tener aplicaciones muy diversas y una o pocas patentes pueden bloquear toda una rama de la informática. Asimismo, podría generar otros efectos adversos, como el claro perjuicio para las pymes, que difícilmente podrían acceder a este tipo de patentes dados los elevados costes que se generarían y los limitados recursos de los que se dispone.
En cuanto al cuarto bloque, a través de la enmienda 65 incorporamos un nuevo supuesto a la consideración de motivo de interés público para someter una patente a una concesión de licencia obligatoria. Se propone la adición de una nueva letra d) al apartado 2 del artículo 95. Con esta enmienda pretendemos que no se haga un uso abusivo que impida, por ejemplo, el suministro de un medicamento imprescindible para la salud del ciudadano por tener un precio muy alto, como ha ocurrido con la hepatitis C. La defensa del interés general requiere fomentar la verdadera innovación pero también que no haya precios excesivos, máxime en productos de primera necesidad. En el caso específico de los medicamentos están además en juego la salud y la vida de las personas, valores que a todas luces son superiores al derecho del titular a obtener el máximo beneficio económico.
En cuanto al quinto bloque, no podemos obviar que los países titulares de un gran número de patentes son referentes de innovación, de competitividad y de crecimiento económico, y el proyecto de ley de patentes por sí solo no conseguirá mejorar la posición de nuestro país en estos términos. Una gran mayoría de los comparecientes nos alertaron de los preocupantes bajos niveles de solicitudes de patentes en España, una situación desfavorable que puede verse agudizada por tres causas y para las que con nuestras enmiendas proponemos soluciones. Uno, con la incorporación del examen previo como obligatorio se puede reducir a priori el número de solicitudes de patentes. Tengamos en cuenta que solo el 11 % de las patentes concedidas lo fueron por el procedimiento de examen previo. Por tanto, proponemos establecer medidas de promoción adicionales mediante un plan de promoción de propiedad industrial. Dos, se puede dar la previsible reducción de patentes universitarias ante la eliminación de la exención para las universidades de la tasa de solicitud de patente, por lo que proponemos una disposición transitoria concediendo a las universidades una moratoria de dos años para su adaptación. Y tres, la incidencia negativa sobre el número de patentes de los recortes en I + D, así como de la fuga masiva de talentos que se ha padecido durante estos últimos años. El propio Banco de España en un reciente estudio ha advertido de la preocupante fuga de cerebros, destacando que la salida de emigrantes desde el país supone, tanto en términos absolutos como relativos, el más alto nivel de emigración en la historia española. Asimismo, como decía, los recortes también pueden influir de forma muy negativa. De hecho, hay 18.720 personas menos en actividades de I + D que hace tres años, según el INE. Aquí vemos en el gráfico cómo la línea desciende. También debemos tener en cuenta que el gasto en I + D se ha reducido de manera grave durante los últimos años. Desde 2011 en más de 1.000 millones de euros. Por tanto, el gasto en I + D, que supuso un 1,24 % del PIB en 2013, está muy alejado de la media europea y a gran distancia del cumplimiento del objetivo fijado para la media europea en el 2020, que es del 3 %. Si no se remedia, la posición innovadora de nuestro país puede verse muy perjudicada y lo más preocupante es que no se conseguirá cambiar nuestro modelo productivo para alcanzar un crecimiento sólido de la economía. En definitiva, es necesario un buen marco legal de propiedad industrial pero también una buena política de innovación por parte del Gobierno, y en este campo, como en muchos otros, el Gobierno del Partido Popular, suspende. Y no es que lo digamos los socialistas, también así se indica en las recomendaciones de la Comisión Europea para el semestre europeo 2015, donde se asegura que las deficiencias estructurales del sistema de investigación e innovación español siguen limitando el potencial de crecimiento de la economía española. Los resultados de la economía española en materia de investigación e innovación siguen adoleciendo de inadecuación de la financiación y la gobernanza. Una parte considerable del aumento del presupuesto de 2015 se destina a reembolsar subvenciones a proyectos plurianuales de investigación e innovación comprometidas en ejercicios anteriores, pero en la práctica esto supone que solo una pequeña parte del incremento del presupuesto público de investigación e innovación servirá para apoyar la estrategia española de ciencia y tecnología de la innovación. Por tanto, también es esta una causa por la cual habría que tomar medidas adicionales.
Así pues, con todo ello, hemos presentado una enmienda, la enmienda 63, que incorpora una disposición adicional con la que se pretende que el Gobierno apruebe un plan estratégico a medio plazo, con la participación de todos los agentes del sistema, que contemple las acciones a realizar para aprovechar el potencial económico que pueden representar las innovaciones conseguidas por el sistema de I + D y que implique el desarrollo de las competencias de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, aún sin desarrollar. En definitiva, lo que pretendemos es que se impulse un cambio de modelo productivo basado en una política inteligente de I + D + i, capaz de anticiparse a las demandas sociales, capaz de generar empleo de calidad, que nos permita competir con los países de nuestro entorno y recuperar las inversiones en forma de retornos económicos que reviertan en el crecimiento, desarrollo y bienestar social de nuestro país. Consideramos muy importante que el plan propuesto -que debería ser evaluable- recoja un programa formativo específicamente dirigido a centros académicos, con el fin de fomentar la cultura de la patente y el valor de la innovación en los futuros investigadores, así como dirigido a jueces, puesto que en muchos casos la inteligibilidad de las reivindicaciones, sobre todo en el caso de personas que se ven obligadas a resolver sin ser técnicos o expertos en la materia objeto de litigio, dificulta la tarea de los mismos así como la obtención de un fallo adecuado.
Para terminar, lo que se requiere es un cambio de política para el que desde luego este Gobierno, a la altura en la que nos encontramos, no tiene ni voluntad ni tampoco tiempo. En definitiva, consideramos que esta ley es necesaria por lo que supone adaptarse a un nuevo contexto internacional, pero es insuficiente si no se recogen las aportaciones que hemos puesto de manifiesto, ya que muchas de ellas tienen un carácter lo suficientemente estratégico como para que las tengamos en cuenta porque son muy importantes para nuestro país
